¿Qué hace un periodista cuando no puede decir la verdad? Tragarse todo y no decir nada, a uno le da mucha impotencia, pero primero está la integridad de uno. Uno ni confía en la gente del Valle de Aburrá para decirles las cosas, porque un fulano de allá puede estar infiltrado por esta gente y luego ya no habrá silencio, sino muerte. Uno no sabe quién está untado acá.

¿Cuál es el valor de la prensa en el Bajo Cauca? La prensa publica lo que los dejan publicar. Los medios locales tienen que buscar diferentes herramientas para poder sostener contenidos. Tan tragicómico es el asunto que NP Noticias, siendo el noticiero más importante de esta subregión antioqueña, publica hasta la pérdida de unas llaves o de una mascota, pasando muchos temas más relevantes y que afectan a toda la gente. A unos periodistas de esta subregión los amenazaron por publicar una foto de dos sujetos que asesinaron, que casualmente eran los dos duros de otro grupo.

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Ni los medios tradicionales, ni los de la región ni los de ninguna parte se la juegan por esta zona de Antioquia. Porque muchos de estos grupos, están apoyados en los altos mandos de la policía y se comprueba cada vez que declaran un paro armado, cuando las autoridades no hacen nada al ver cómo cobran vacunas de frente o con las declaraciones de la exsubdirectora de la cárcel en Tarazá, vinculando a Los Caparrapos con la Administración Municipal. Hasta los del Clan del Golfo dijeron públicamente que si no los dejaban solos (a Los Caparrapos), ellos también llevarían del bulto (los funcionarios de las Administraciones Municipales).

Lo que pasa es que en los seis municipios del Bajo Cauca es una dinámica muy parecida: En el Bagre, Cáceres, Tarazá, Caucasia, Nechí y Zaragoza el orden público es lo mismo, disputa de territorios entre los grupos armados ¿Qué cuáles son? Las Disidensias de FARC, ELN, Clan del Golfo, Los Caparrapos o el residuo de Los Paisas. La pelea es por un corredor, siendo Tarazá el punto más estratégico para salir a la costa, junto a Cáceres. Caucasia, Bagre y Nechí es otro corredor que tiene otra dimensión. La disputa sigue siendo por mover la droga por esta zona y los territorios mineros también tienen su cuota en estas consecuencias.

“Estos son pueblos resilientes, pueblos que caen y asimismo se vuelven a levantar porque son municipios en sitios estratégicos donde las economías ilegales alimentan estas zonas. La coca es la mayor economía de la región, la mayoría de los campesinos cultivan esto, aunque hay uno que otro que sí vive de la agricultura. En estos momentos la coca sembrada pa` dentro de 8 o 9 meses va a mover la economía”, cuenta el periodista que omite su medio de comunicación, su origen de procedencia y su identidad porque como él lo dice, quien habla de más en el Bajo Cauca, no pega un brinco.

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Cuando llega el Ejército fumiga con glifosato, se deforman una que otra persona, pero no pasa de ahí porque las autoridades no le prestan atención;  solo consumen el agua donde fumigan. ¿Qué pasa con estos pueblos? Que lo ilícito hace que la gente sobreviva y siga adelante. Estos pueblos van resistiendo y la gente no sobrevive de otra manera; solo se levantan porque están parados sobre lo ilícito, lo ha vivido durante toda su vida como periodista.

“Los pactos a escala, al parecer, comenzaron en el ámbito internacional, cuando los principales carteles mexicanos de ese momento: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Zetas, acordaron distribuirse las zonas de cultivos de hoja de coca y las rutas internacionales del narcotráfico, con el ánimo de garantizar un aumento en la producción que pudiera satisfacer la creciente demanda de los países industrializados del norte y de Asía. La región de Antioquia y en general el Noroccidente le correspondió al Cartel de Sinaloa en la distribución. Los carteles mexicanos propiciaron el acercamiento entre las principales estructuras que desangraban al Bajo Cauca y municipios de las subregiones vecinas del Norte y Nordeste, durante el mes de noviembre de 2011. Los grandes jefes de las estructuras de las AGC y Los Rastrojos realizaron un pacto de repartición de las áreas de influencia del territorio nacional. Uno de los acuerdos fue que los Rastrojos salían completamente del territorio antioqueño y las AGC tendrían que pagar una enorme suma de dinero a cambio de la compensación a los integrantes y por los laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que dejaba a su antiguo enemigo en la región”, como lo clarifica la ALERTA TEMPRANA N° 045-2020 de la Defensoría del Pueblo.

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Retomando desde los 80 o los 90, eran como en muchos lugares de Antioquia, la insurgencia quien tenía el control y un clan de narcotraficantes que no podían faltar. Luego los paramilitares comenzaron a llegar en los 90. Primero surgió un grupo paramilitar llamado Mineros, quitó fincas y las compraba a bajo precio, se apoderó de tiendas y de locales comerciales. Llegaban y le decían:

“- Esta finca está bonita, ¿en cuánto la vende?

• Y respondía el dueño: Nooo, ¿cómo la voy a vender si es lo único que tengo?

A los ocho días llegaban y decían:

– Ahhh, es que el patrón dijo, que le vende la finca o cuadra con la viuda. ¿Qué tenías qué hacer?”, relata el periodista.

Controlaban todo los Mineros, retoman  entre 2008 a 2012 tras la desmovilización fallida de Justicia y Paz, durando aproximadamente 4 años con el dominio de la zona. Hasta a su padre le compraron una finca por lo que ellos quisieron, mucha gente se encuentra en ese mismo tema de restitución de tierras que no avanza.

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“Pagabas cinco mil por una vaca, mil por una gallina, vendías una casa y te obligaban a dar porcentaje, hasta por un chance si quiere que le diga. Al desmovilizarse comenzaron a conformar bandas, llegó un cliente de Caparrapí y consolidó el grupo de Los Caparrapos. Luego se dividieron en tres: grupo base, paralelo y paralelo 2. Habían peleas y asesinatos entre ellos”, lo tiene en su memoria silenciosa.

Nuestro protagonista, desde el anonimato, recuerda que hasta antes de los acuerdos de paz en 2016, las FARC tenía el poder de controlar a los grupos paramilitares. Estas Bacrim cogieron mucho impulso cuando las FARC se desmovilizaron, por ejemplo en Cáceres hay zonas donde las disidencias y el ELN implantaron su propia ley y manejan la economía ilícita todavía o caseríos completos donde imponen su ley comprometiendo a los civiles.

Tras su desmovilización en 2017 comienza a recrudecerse el conflicto por la disputa territorial entre Los Caparrapos y El Clan del Golfo. Era tan tenaz que eran cuatro y cinco balaceras en el casco urbano del municipio, a las seis de la mañana, al mediodía, a las tres de la tarde o en la noche. Resultado: cuatro y cinco muertos diarios.

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“En Antioquia, al enfrentamiento interno entre paramilitares y la guerrilla del ELN, en especial en el Bajo Cauca Antioqueño, región de minería de oro, cultivos de uso ilícito, se añade la confrontación con los carteles mexicanos, en particular en Cáceres, Tarazá, Puerto Valdivia y Caucasia. En esta región del Bajo Cauca hay por lo menos 4.500 personas de más de 14 desplazamientos masivos. 22 líderes, en su mayoría presidentes de JAC e integrantes del plan nacional de sustitución de cultivos ilícitos, que han sido asesinados”, tomado de la revista noche y niebla en el texto Los corredores de la muerte.

Viviendo todo esto de frente y presenciando la situación, contradictoriamente debe limitarse a publicar exclusivamente lo bueno y lo bello de su municipio, pues esta disputa derivó en el desplazamiento de cerca del 20% de la población total del Bajo Cauca, según la Unidad de Víctimas. Entre enero de 2017 al 31 de mayo de 2020, 50.483 personas se vieron obligadas a salir de los seis municipios que conforman esta subregión antioqueña, de 260.681 pobladores que tenía en total para este año, de acuerdo con el DANE.

“Sin duda la situación de mayor complejidad la vive el municipio de Tarazá, que tiene un registro de 18.590 personas durante el periodo analizado, lo que equivale al 66% del total de la población estimada por el DANE para 2020 en 27.995. En otras palabras, dos terceras partes de los habitantes de Tarazá han sido obligados por la fuerza a abandonar sus hogares. Luego se encuentra el municipio de Cáceres, con 11.421 personas expulsadas, lo que constituye el 37% de su población según las estimaciones del DANE a 2020” resalta la Alerta de la Defensoría del Pueblo.

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Todo esto lo debe callar la prensa local en el Bajo Cauca, los periodistas tienen una labor muy restringida y no tienen libertad de expresión. Tienen que saber qué es lo que van a decir, qué es lo que van a publicar, a qué sitios van  ¿Por qué? Porque en cada rincón hay un delincuente, sin rodeos lo asegura este periodista.

Recuerda que el único que se metía a todos esos rincones, aunque con la policía y el ejército, era Leiderman Ortiz. Usted como periodista puede pedir el apoyo que lo acompañen a tal barrio, y ellos deben estar. Él ya tenía protección porque ya le habían hecho varios atentados hasta con granadas en su casa. Se metía hasta Piamonte, que era el nido de Los Caparrapos, el centro desde donde dirigían las operaciones en Cáceres. Se metía a todos estos sitios a grabar todos los puntos, él era medio bruto pa` hablar, pero su valentía contrarrestaba todo.

Hay anécdotas de él, que por ejemplo, a un civil le asesinaron a su padre. Usted veía el sicario en un sitio y le mandaba la foto a Leiderman, diciéndole donde estaba y cómo lo llamaban, y en media hora le caía La Policía. Él se ganó el corazón de la zona, ese man tenía ese hobbie de combatir de frente la delincuencia, los hacía capturar y por eso le montaron la perseguidora. Hasta braveó al comandante de distrito de Caucasia diciéndole de frente que era un corrupto.

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“En la vereda La Esperanza, en Tarazá, que era muy próspera, he visto cómo se quedaron los cultivos de caucho, así como el ñame, yuca, arroz, cultivos que se perdieron, de campesinos que uno sabe que trabajaron bastante y no alcanzaron a recoger el fruto de su cosecha. De 113 familias que habían en la vereda, en marzo salieron cerca de 65 y el 3 de septiembre de 2020 salieron el resto. El segundo desplazamiento inició a los dos meses que desaparecieron al hijo del presidente de la JAC, lo secuestraron y le mandaron una foto a la hermana con el cuerpo decapitado, con el mensaje al padre para que desocupara la zona porque el próximo podría ser él. Tomó la decisión de irse con los que quedaron. Dijo que no quería irse, pero le tocó y entre todos salieron de la zona”, cuenta un campesino que prefiere no revelar su identidad.

Caseríos enteros como Rancho Viejo está solo, tiene aproximadamente cincuenta casas abandonadas. Veredas como Barro Blanco, Aguas Lindas, Vista Hermosa están solas por completo. Los Caparrapos operaban en esos lugares, pero llegó el Clan del Golfo y los hizo salir a todos. Todo ese es un corredor para la producción de coca, el corredor por excelencia para Urabá.

“El caso de Cervantes es muy aparte porque se ganó la muerte al meterse con un político, llamado Miguel Ángel Gómez, el alcalde que se murió y era jefe de los paramilitares. Él tuvo que ver en ese homicidio y nadie dice nada y tampoco lo dirá”, sentenció el periodista.

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Pues con el caso de Leiderman, los colegas siguen sosteniendo que fueron sus contradictores políticos quienes lo mandaron a asesinar en Medellín, y no, que haya muerto por covid como salió apresuradamente la prensa a confirmarlo.

Entre el 2020 y lo corrido del 2021, la Fundación para la Libertad de Prensa registró trece ataques contra la prensa en Caucasia, de los cuales siete han sido amenazas.  Según el Centro de Estudios de la FLIP, en el Bajo Cauca el 62% de la población vive en municipios en silencio, lugares donde no existen medios de comunicación que produzcan noticias locales.

Mire usted cómo está la cosa que del pueblo tienen que comprar una yuca para llevarla pa` la finca porque en la finca ya no hay agricultura, así como con los plátanos, el tomate y la papa.  La única solución que yo le encontraría a todo esto para que no hayan cultivos ilícitos, es que el gobierno metiera muchos proyectos de caucho, cacao y de miel, como lo ha hecho, pero no ha prosperado. Solo con ganadería, minería y turismo sería la forma de regresar a la legalidad, aunque es poco probable que esto se haga.

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“La gente desplazada del Bajo Cauca en Medellín queda muy desubicada porque dejan todo: sus predios, sus animales, su sustento. Allá hay veredas enteras donde habían 60 familias y todas emigraron, algunas están regresando con el cambio de trono al poder del Clan del Golfo. Es tanto, que este grupo se quiere ganar a la gente prestándoles dinero para que se reubiquen. Buscando pretextos para poderlos matar bien matados (risas…)”, cuenta el periodista.

En este momento hay una relativa paz en el Bajo Cauca porque el Clan del Golfo comanda la región, a quienes sobrevivieron de Los Caparrapos los están vinculando o se especula que quieren rearmarse e ir a otras subregiones antioqueñas como el Nordeste. La gente está regresando a la región luego de este periodo de conflicto, aunque de a poco algunos desplazados comienzan a retornar.

Los Caparrapos vacunaban a todo el mundo, hoy en día el Clan del Golfo, que es de Otoniel, tiene orden de captura y lo venderán a la opinión pública como el gran capo que se escapó en el Nudo del Paramillo. Ahora que estos le ganaron la disputa del territorio no están cobrando vacuna por dos años y están tratando bien a la gente. Hasta cuando hay un operativo la gente del común les avisan para que se escondan, pero es por esa relación que han construido con la gente y con el campesinado, bastante ventajosa con esa estrategia de comprarlos.

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Concluye de manera contundente el periodista: “Quisiera que la opinión publica supiera todo: la relación de la policía con las bacrim, la relación de los grupos políticos con las bandas, ya que estos hasta los han financiado”.

No que siempre vayan detrás de estos cabecillas sin establecer quién es el que está detrás de ellos, quiénes los financian, que no solo se especule con el gobierno corporativo o que solo los informes apunten contra los lavaperros que operan la guerra, sino con quiénes realmente la dirigen y se esclarezcan sus intereses; no solo que se especule con estos megacapos que solo son mandaderos y en los informes solo se limitan a acusar a estos.

“¿Usted alguna vez escuchó una captura al ejército sobre el grupo de los Caparrapos? Nunca, para el pueblo, ellos hacen parte de la nómina pero nadie se anima a hablar sobre el tema por falta de pruebas o por miedo a que lo maten, ¿usted quiere vivir o quiere ser uno más en las noticias en el listado de las víctimas?  ¿Por qué nosotros no sacamos ese tipo de notas? Por cuidar nuestra vida; así de simple”, asegura el periodista.

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Y continúa con su relato: ·Él único que publica asesinatos es Eder (Narváez), por eso tuvo que irse un tiempo de la región. Lo que usted quiere hacer en esta región es muy bueno, pero acá las cosas son diferentes. A esto también se le suma el reclutamiento forzado de menores a partir de los 14 años y las violaciones a las menores de edad.

De acuerdo a las bases de datos de la Policía Nacional, del total de los 930 homicidios registrados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2020, las características territoriales tienen que ver con que 522 casos sucedieron en zona rural, mientras que 408 en los cascos urbanos.

“Viejo, como le digo, ellos (Policía) no pasan informes y el subregistro en las estadísticas es alevoso, porque a ellos no les conviene. No ve que si ellos pasan el informe deben dar resultados sobre eso. Es que usted cree que la cosa aquí es qué. Las alcaldías saben todo esto, pero si ni ellos pueden hacer algo, ¿ahora imagínese nosotros?”, se pregunta el periodista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 28 de agosto de 2021 la Resolución 69/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de JOSÉ ALBERTO TEJADA ECHEVERRI y JHONATAN BUITRAGO, en Colombia, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

La solicitud indica que los beneficiarios, periodista y camarógrafo del Canal 2 de Cali, en Colombia, estarían siendo objeto de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia con motivo de su cobertura de las protestas y hechos de violencia que han tenido lugar en Colombia a partir del 28 de abril de 2021. Al respecto, aportaron información sobre ataques y amenazas que habrían tenido lugar en eventos de protestas mientras realizaban sus labores periodísticas, del pago para realizar un atentado contra Tejada, así como de la recepción de amenazas, seguimientos y vigilancia cuando se trasladaban de un lugar a otro, en sus respectivas viviendas y en la sede de Canal 2. Además, la solicitud indica que, por falta de medidas a su favor, tuvieron que implementar medidas de seguridad propias con donaciones de la comunidad.

Por su parte, el Estado indicó que cuenta con denuncias por amenazas en contra de los beneficiarios y, por otro lado, aportó información sobre sus protocolos en materia de protestas y el uso de la fuerza pública. Asimismo, se señaló que, por orden de una Fiscal, la Estación de Policía de Lido buscó implementar medidas preventivas para minimizar el riesgo, pero que, por falta de cooperación de los solicitantes, no fue posible.

La Comisión valoró la información recibida a la luz del contexto de protestas en Colombia, considerando la situación de riesgo de periodistas, con especial impacto en la ciudad de Cali. Además, consideró la especial posición de garante del Estado sobre las personas defensoras. Con base en lo anterior, se tomó en consideración los hechos de violencia reportados en eventos de protestas, los cuales se advirtió que podían estar dirigidos directamente a ellos; así como los eventos en torno a la noticia de que se habría pagado por un atentado contra Tejada, los cuales dan cuenta de que la situación de riesgo se extendía más allá de los eventos de protestas, siendo seguidos y vigilados en sus domicilios y en la sede del medio periodístico.

Aunado a lo anterior, la CIDH consideró que la falta de un esquema de seguridad idóneo y efectivo por parte del Estado, frente a los eventos de riesgo informados, permite concluir que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo.

Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Colombia que a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de José Alberto Tejada Echeverri y Jhonatan Buitrago.

En particular, el Estado deberá asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los beneficiarios, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; b) adopte las medidas necesarias para que José Alberto Tejada Echeverri y Jhonatan Buitrago puedan desarrollar sus actividades como periodistas sin ser objeto de amenazas, hostigamientos u otros hechos de violencia en el ejercicio de sus labores. Lo anterior incluye la adopción de medidas para que puedan debidamente ejercer su derecho a la libertad de expresión; c) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar, y así evitar su repetición.

El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos u instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residenci

Con ese concepto está el rigor en la elaboración de esa información y el respeto a quienes emite el mensaje, sea este en radio, prensa, televisión, medio alternativo o Internet.

El concepto

Por Gilberto Alvarado.

Los periodistas no somos la voz ni los voceros de nada ni de nadie. Nosotros somos los notarios de la historia, quienes registramos los hechos de una sociedad, como son, no como quisiéramos que fueran. Los periodistas no opinan, los que opinan son los analistas, opinadores, columnistas e invitados y protagonistas de las noticias. A ellos y sólo a ellos les compete responder ante la justicia si con sus opiniones calumnian o injurian. El periodista con su trabajo diario de informar la verdad debe tener la misma credibilidad entre los sectores de izquierda, derecha, centro democrático y hasta entre los terroristas. El periodista no se vende, que eso lo sepan los jóvenes estudiantes del oficio más bello del mundo.