En el articulado de la iniciativa del Senador Rodrigo Lara, busca establecer en Colombia un marco regulador que permita desincentivar, las demandas de carácter civil con características anti- SLAPP ideadas contra los Periodistas investigadores
En los últimos años, el acoso judicial y litigioso contra periodistas, medios de comunicación, usuarios de redes sociales, defensores de derechos humanos o activistas de la sociedad civil se ha convertido en una estrategia para limitar tanto el derecho fundamental a la libre expresión de los ciudadanos, como la protección especial para la actividad periodística consagrada en el Artículo 73 de nuestra Constitución.
En Colombia, la acción de tutela es el recurso más común que se emplea para practicar el acoso judicial, generalmente justificada por supuestas agresiones al buen nombre.
Quienes suelen practicar el acoso judicial son personajes públicos o con proyección pública que han incurrido en conductas ilegales como corrupción, delincuencia organizada, paramilitarismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y violencia sexual, entre otras.
Quienes más perdemos con el amedrentamiento, la intimidación y el silenciamiento de las denuncias somos todos los ciudadanos, pues nos arrebatan el acceso a información de interés público que podría determinar qué compramos, por quién votamos, o en qué creemos.
Preocupado por esta problemática, el Senador Rodrigo Lara decidió trabajar junto a Ana Bejarano y el grupo profesional El Veinte en una propuesta legislativa. Como resultado de esta labor, presentan un Proyecto de Ley ante el Congreso de la República que busca establecer en Colombia un marco regulatorio que desincentive las demandas de carácter civil que impliquen acoso judicial. Esta iniciativa se conoce como “anti-SLAPP” (por la sigla en inglés que corresponde a Strategic Lawsuit Against Public Participation, Litigio Estratégico Contra La Participación Pública en español) y refuerza las garantías a los periodistas y medios de comunicación con el fin de que puedan llevar a cabo su trabajo de control social con plenas garantías.
El Proyecto de Ley define el acoso judicial dentro del Código General del Proceso y caracteriza a la población susceptible de ser víctima de dicha práctica. Asimismo, cuando se configure el acoso judicial ordena a los jueces dictar sentencia anticipada y al demandante pagar las costas del proceso y una multa consistente en 30 SMMLV.
“Esta es una iniciativa con una profunda inspiración democrática. Tenemos que fortalecer la protección a los periodistas para evitar que algunos poderosos utilicen los mecanismos judiciales como instrumento de intimidación. Cuando se calla a un periodista, se coarta también a la sociedad en su derecho a informarse de manera veraz e imparcial; esto vulnera la democracia. Nuestro sistema debe favorecer y apoyar estas libertades”, puntualizó el congresista Rodrigo Lara.
El articulado también prevé que los procesos contra periodistas o comunicadores se realicen o bien en el lugar de residencia del demandado o de manera virtual, de manera que no se utilicen para obligar a los periodistas a incurrir en desplazamientos y gastos de transporte. Finalmente, facultará a la Fiscalía para archivar los procesos que se inicien con base en la persecución evidente contra el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
